SEÑOR PRESIDENTE:

Nos dirigimos a Ud. a raíz de la publicación aparecida en el matutino La Nación el día 16 de julio del corriente año, bajo el título «Digitalizarán los registros de autos para desarmar una millonaria caja política». En ese sentido, la nota da cuenta de un presunto plan oficial cuyo «( … ) primer paso será la implementación de la plataforma de TRAMITES A DISTANCIA para registrar y transferir vehículos sin concurrir a un registro ( … )», el que se complementaría con una segunda etapa, que consistiría en «( …) cerrar los registros de autos, motos y maquinaria agrícola, que en el país son poco más de 1500.»

En primer término, cabe resaltar que las mejoras introducidas por esta gestión en relación con la calidad de la atención que los Registros Seccionales brindan al púbico usuario, de las que también da cuenta la publicación en cuestión (sistema de turnos, trámites enteramente digitales, carga de datos electrónica obligatoria en el trámite de transferencia de dominio, implementación de un sistema informático para la carga de inscripciones iniciales, pagos electrónico, etc.) no habría sido posible sin la inestimable labor y los esfuerzos de los funcionarios a cargo de esas sedes registrales, por Ud. Representados, así como de su personal colaborador.

Esa circunstancia, conocida por el Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos y por el mismo Presidente de la Nación a través de diversas reuniones mantenidas con quienes suscriben, refuerza la idea de mejora constante que debe guiar al proceso de modernización del Estado nacional. Es así que nos encontramos abocados a una serie de proyectos tendientes a ahondar en ese proceso, a partir de la implementación de nueva ‘tecnología. En ese marco entendemos que el usuario debe ser el beneficiario de las mejores dispuestas, implicándole una experiencia más digital, ágil, sencilla y económica.

Sin embargo, y en este punto debemos ser enfáticos, en ningún supuesto ello supone un menoscabo de la tarea a cargo de los Sres. Encargados de esos Registros Seccionales, en tanto funcionarios garantes del régimen de propiedad sobre los automotores.

En efecto, entendemos que cualquier medida que se pretenda tomar en el sentido de la nota periodística referenciada, debería contemplar el mantenimiento de los estándares de seguridad jurídica logrados desde 1960 a la fecha, el montaje de una estructura pública seguramente mayor que la existente para garantizar la prestación del servicio registra!, resolver los pasivos y contingencias devenidos de derechos adquiridos por todos los que forman parte de este sistema, el financiamiento de todo aquello que actualmente es solventado por el sistema registra 1, la puesta en riesgo de la base de datos centralizada y los convenios y servicios que se brindan a otros organismos nacionales, provinciales y municipales, entre otras aristas no menores.

Por ello, quienes suscriben la presente misiva, entendemos que los supuestos beneficios buscados por las medidas enumeradas en la nota periodística, seguramente no se lograrían pero además redundarían en mayores costos, ineficiencias y retrocesos en la seguridad jurídica que da sentido al sistema registra! automotor argentino.