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Buenos Aires, 31 de octubre de 2017

Estimados colegas,

 

Nos dirigimos a ustedes, en relación a la reciente puesta en vigencia de la Solicitud Tipo 08-D, aprobada por Disposición D.N. Nº 206/2017.

 

En dicho marco, es nuestra intención destacar a los colegas la importancia que reviste para nuestra labor registral que desde los Seccionales se promueva la utilización de la Solicitud Tipo 08-D, ya que se encuentra enmarcada y en absoluta sintonía con las políticas de modernización impulsadas por el Gobierno Nacional y siempre buscadas por nuestra Asociación.

 

En tal sentido, solicitamos que promocionen en el público usuario las ventajas de iniciar la transferencia de dominio por medio digital, con la consecuente reducción arancelaria prevista en la Resolución M.J. y D.H. Nº 828/2017.

 

Asimismo, se recuerda que mediante Circular D.N. Nº 33/2017 la Dirección Nacional ha dado a conocer el instructivo de procedimiento, aplicable tanto para los usuarios, como para los Seccionales, y que recientemente ha dictado las Circulares D.N. Nº 42 y 43, con indicaciones especiales.

 

Es de especial importancia y en consecuencia objeto de control por parte del Organismo de Aplicación, que:

 

•Al momento de percibir los aranceles y darle ingreso al trámite de transferencia por Solicitud Tipo 08-D se continúe con el trámite objeto de la precarga, aunque el usuario no se hubiere presentado el día del turno.

 

•Se controlen y corrijan los eventuales errores antes de la impresión de la Solicitud Tipo, siguiendo para ello las instrucciones de la Circular D.N. Nº 33/2017 y D.N. Nº 42/2017. 

 

•No se asigne una Solicitud Tipo 08 de confección manual, en reemplazo de una que debiera ser digital, salvo el supuesto previsto en la Circular D.N. Nº 42/2017. Fuera de ese caso, y ante algún inconveniente técnico que no permita utilizar la Solicitud digital precargada, deberá remitirse un ticket de consulta a la Mesa de Ayuda del Departamento Servicios  Informáticos.

 

•Se cuente con suficiente stock de Solicitudes Tipo 08-D.

 

            Es importante tener en cuenta que los usuarios pueden presentarse sin turno y omitir informar que efectuaron la precarga, por lo que resulta oportuno consultar al respecto e informar sobre la ventaja arancelaria que ello conlleva.

 

        Por último, si se hubiera efectuado la precarga y por algún motivo no fuera posible continuar con el trámite, resulta imprescindible dejar constancia de los motivos de la imposibilidad, a los fines de acreditarlo ante eventuales requerimientos de la Autoridad de Aplicación. 

 

         En cuanto al descuento arancelario previsto, queremos señalar que la Asociación se encuentra avocada a su análisis y transcurrido un plazo prudencial que nos permita evaluar sus efectos económicos y financieros, haremos las consideraciones y peticiones que fueren oportunas. 

 

Sin otro particular, nos despedimos con un cordial saludo 

 

 

 

 ÁLVARO GONZÁLEZ QUINTANA

              Presidente

 

 

 

  

Buenos Aires, 20 de Octubre de 2017

 

MINISTERIO DE JUSTTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SR. MINISTRO

DR. GERMÁN CARLOS GARAVANO

S/D

 

 

Nos dirigimos a Ud. a fin de solicitar la designación como Encargados Titulares de los colegas Interventores de los Registros con competencia en Motovehículos oportunamente propuestos por haber cumplido satisfactoriamente el proceso de selección previsto en la Resolución MJ 12/1997, entonces vigente a esos fines.

 

Habiendo tomado conocimiento respecto de una interpretación que vedaría estas designaciones con fundamento en el Decreto 282/17, por medio del cual se delega en el Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos la facultad de designar a los Encargados Titulares de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, en todas sus competencias, previo concurso público de oposición y antecedentes, nos permitimos, al solo título de colaboración, acompañar a la presente un dictamen jurídico al respecto, elaborado por la Comisión Motovehículos de nuestra Asociación.

 

Asimismo, entendemos importante destacar que en muchos casos el equilibrio económico y financiero de una jurisdicción fue elaborado teniendo en cuenta la totalidad de los Registros asentados en ella y si un Registro con competencia en Motovehículos se encuentra a cargo de un Encargado de Registro Automotor es porque oportunamente fueron considerados como una unidad económica y que se desdoblamiento puede afectar dicho equilibrio o, incluso, tornar inviable el Registro de Motovehículos, ello por supuesto sin perjuicio de las modificaciones que puedan haberse generado por el desarrollo socio económico del área geográfica. Por lo expuesto, entendemos que en estos casos se podría evaluar la procedencia de la unificación de las competencias, al tenor de lo establecido en el art. 4 de la Ley 22.977 para los casos de Registros del Automotor y de Créditos Prendarios, significando transparentar la realidad en el sentido de que se trata de un único registro y evitando el dispendio de recursos necesarios para obtener la designación de quien ya se encuentra en funciones hace ya muchos años y que en algunos casos habiendo cumplido todo el proceso de selección en debida forma y manteniendo la idoneidad para el cargo durante la espera de su nombramiento ha superado el límite de edad previsto para ello.

 

Saludamos a Ud. muy atentamente.

 

EDUARDO URANGA       ÁLVARO GONZÁLEZ QUINTANA

 

                                Secretario                                   Presidente

 

 

Buenos Aires, 16 de Agosto de 2017

 

 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SR. MINISTRO

DR. GERMÁN CARLOS GARAVANO

S/D

 

 

 

Nos dirigimos al Sr. Ministro para expresar  la preocupación de toda la comunidad registral con la política de designaciones tanto de Interventores como de Encargados titulares seguida en los últimos meses.

 

Nuestra Asociación ha planteado en reiteradas oportunidades la conveniencia de la continuidad funcional en los casos de vacancia por fallecimiento o renuncia del Encargado Titular, hasta tanto se designe nuevo Encargado mediante el correspondiente concurso. Está claramente probado que en estos casos se mantienen los niveles en la calidad del servicio, no se afectan fuentes de trabajo y tampoco se generan las importantes erogaciones que de otro modo deben afrontar, por un lado el renunciante o sus sucesores y por el otro el nuevo responsable que debe montar una unidad administrativa casi desde cero. 


Por el contrario, la práctica actual consiste en intervenir el Seccional con agentes de la Dirección Nacional que afrontan serios inconvenientes para desarrollar su tarea. En principio, porque su preparación por lo general no está destinada a la gestión, sino a la auditoría. Deben seleccionar sin demasiado tiempo sus colaboradores que por lo general carecen de experiencia. Tienen además enormes dificultades para la gestión ya que no cuentan con autonomía económica para resolver las inversiones necesarias y en todo caso deben afrontarlas con su retribución como empleado. Se crea además una situación laboral de complejas connotaciones, ya que son empleados del Estado pero a su vez empleadores lo que a futuro puede aparejar dificultades aún no conocidas.

 

 

Ha habido también en estos últimos tiempos remociones de Interventores externos sin más motivo que la propia decisión del Director Nacional. Si bien esta facultad aparece en la letra de la norma como absoluta, no es menos cierto que como todo acto administrativo requiere un fundamento y una finalidad. Varias resoluciones judiciales ya lo han puesto de manifiesto. Creemos que es necesario que estas remociones estén fundadas exclusivamente en mal desempeño del cargo o en la mala calidad del servicio prestado. 

 

Vemos también con preocupación las demoras, contadas en años, que se producen para la efectiva designación de quienes han sido propuestos para el cargo luego de realizado el concurso público. Esta situación se agrava con el límite etario impuesto por las normas y que ha obligado a varios funcionarios a recurrir a la vía judicial para obtener satisfacción a sus reclamos. En consecuencia, un  proceso que tiene como deseado colofón la estabilidad en el cargo, tan importante en nuestra tarea, queda sometido a la incertidumbre de un proceso judicial. Sí esta situación es injusta e inconveniente en todos los casos, resulta mucho más gravosa para aquellos casos en que el propuesto está ejerciendo el cargo en calidad de Interventor. Ha hecho las necesarias inversiones en inmuebles, equipamiento y personal que requiere un Registro Seccional, ha prestado un servicio seguramente  eficiente durante años ya que de otra manera hubiera sido removido y ve todo esto en riesgo por haber llegado a determinada edad.

 

 

Por último, queremos señalar especialmente el caso de la reciente designación de Encargado Titular del Registro Belle Ville N° 2 en la Provincia de Córdoba. Allí se realizó el concurso y quien era su Interventor obtuvo el primer puesto en la terna de postulantes. No se encuentra fundamento alguno para alterar el orden establecido por el concurso, máxime si quién está en el primer lugar es además el Interventor a cargo. La designación de Encargados Titulares ha sido desde siempre y es en la actualidad una facultad del Poder Ejecutivo. La Resolución 238/2003, tal como se  expresa en sus considerandos, implementa un sistema de selección por concurso público “… a fin de garantizar mediante una evaluación de los postulantes a cubrir los cargos de Encargados Titulares   el integral, probado y efectivo conocimiento de las tareas propias del cargo...” Es natural entender que cuando el Poder Ejecutivo, en este caso por medio del  Director Nacional , ha elegido a alguien como funcionario a cargo de un  Seccional,  el concurso tiene como fin primordial asegurar que ese funcionario cuenta con “..el integral, probado y efectivo conocimiento de las tareas propias del cargo.” requerido por la norma citada. Tan sólo cuando ese funcionario no acredite tal extremo y por lo tanto no integre la terna, resulta razonable su desplazamiento.

 

Para analizar y comprender en su total dimensión los cuestionamientos puntualizados, debe tenerse en cuenta que el reemplazo del funcionario a cargo no es un mero trámite cuyo resultado es la pérdida del trabajo del desplazado. Esto sólo ya sería motivo suficiente para que la decisión esté firmemente fundada. Pero la situación es mucho más grave. El funcionario ha destinado normalmente muchos años a su preparación. Ha formado un grupo de trabajo al que ha preparado y entrenado. Estos a su vez cuentan con ese trabajo, que muy probablemente perderán. Se ha hecho una gran inversión en el  inmueble y en los muebles y demás elementos para funcionar. Se ha contraído por parte del funcionario-empleador un importante pasivo laboral que se deberá afrontar. Todo esto representa un enorme daño material y personal. Y aún no es todo. Lo más importante Sr. Ministro es que el servicio registral sufrirá un enorme daño en la calidad de su prestación. La comunidad toda pagará el costo que esto representa. Y esta debe ser nuestra  preocupación mayor, la calidad del servicio que prestan los Registros y la seguridad jurídica que ello conlleva.

 

No puede decidirse el reemplazo del funcionario a cargo por otras razones que no sean el mal desempeño. Esto ha sido claramente establecido para los actuales Encargados Titulares en el Decreto que regula nuestra actividad. Y el legislador así lo ha hecho porque ha entendido que garantizar la estabilidad es la mejor herramienta para garantizar la calidad del servicio, fin único y último de nuestra actividad. Someterla a otros intereses, muchas veces circunstanciales, puede inferir un daño irreparable a aquello que hemos construido entre todos, Encargados y funcionarios públicos durante tantos años. 

 

Saludamos a Ud. muy atentamente.


EDUARDO URANGA       ÁLVARO GONZÁLEZ QUINTANA

 

                                Secretario                                   Presidente

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 7 de Agosto de 2017



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SR. MINISTRO

DR. GERMÁN CARLOS GARAVANO

S/D



Nos dirigimos a Ud. para expresar nuestra preocupación por el funcionamiento de las Plantas de Verificación de todo el país y especialmente por la situación planteada en la Provincia de Buenos Aires con las nuevas exigencias impuestas a los usuarios. 


En nuestra nota del 25 de Abril del corriente año dirigida al Director de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor  ya señalábamos “….Los Delegados  de la AAERPA  que representan  a cada una de sus zonas, provincias o regiones, coinciden en que el servicio que prestan las distintas Plantas de Verificación habilitadas, sean estas emplazadas en las grandes ciudades o en los pueblos más pequeños de cada provincia, y sea que el personal destacado en las mismas lo compongan  las fuerzas policiales provinciales, de la policía Federal , Gendarmería, es sumamente deficiente  y  se traduce en largas esperas, instalaciones vetustas, personal con poca o nula capacitación, sumas de dinero que se abonan  por este servicio y que en cada provincia son  diferentes…”  Hoy se agrega el hecho que en la Provincia de Buenos Aires por medio de las normas establecidas por el Ministerio de Seguridad impone  el Grabado de Autopartes como requisito  indispensable para poder ser verificado y se lo controla al momento de su verificación.

 

 

Entendemos que esta última imposición no está avalada por el Ministerio a su cargo o por la  Dirección Nacional y está fuera del convenio suscripto. No debe olvidarse que la Verificación Física es un elemento  de las normas técnico registrales y que se realiza en los modos y requisitos que establezca la autoridad de aplicación. La Provincia podrá efectuar los controles que entienda pertinentes al momento de realizarse la verificación y en todo caso podrá aplicar las sanciones que sus normas establezcan, pero de ninguna manera puede negar el acto. Esto impide a los usuarios cumplir con sus trámites y en su caso la trasmisión del dominio de los automotores, en clara violación de lo establecido por el artículo 9° del Decreto 6582/58 que establece “…  No podrá restringirse o limitarse la inmediata inscripción del dominio de los automotores o de sus transmisiones, por normas de carácter administrativo ajenas a los aranceles del Registro.”  A esto se suma el hecho que son pocas las plantas que hacen el grabado de las partes lo que implica trasladarse a importantes distancias y las mismas están dando turnos para 30, 50 o 60 días.  Va de suyo que en ese período los usuarios se ven impedidos de realizar sus trámites.

 

 

Entendemos oportuno que la modernización que estamos llevando adelante en diversas áreas de nuestra tarea alcance a la Verificación Física, incluyendo la trasmisión electrónica de los datos, la conformación de una base de datos nacional a ser consultada por los Registros y las fuerzas de seguridad, la posibilidad de verificar la autenticidad mediante códigos de validación y otros adelantos que garanticen los fines para los cuales fue creada.  Mientras esto se concreta, resulta indispensable eliminar todo requisito ajeno a las normas técnico-registrales y permitir a los usuarios ejercer su derecho en tiempo y forma 



 

                              Saludamos a Ud. muy atentamente.


EDUARDO URANGA       ÁLVARO GONZÁLEZ QUINTANA

 

                                Secretario                                   Presidente



 



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Registros de la Propiedad del Automotor
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