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Buenos Aires, 16 de Agosto de 2017

 

 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SR. MINISTRO

DR. GERMÁN CARLOS GARAVANO

S/D

 

 

 

Nos dirigimos al Sr. Ministro para expresar  la preocupación de toda la comunidad registral con la política de designaciones tanto de Interventores como de Encargados titulares seguida en los últimos meses.

 

Nuestra Asociación ha planteado en reiteradas oportunidades la conveniencia de la continuidad funcional en los casos de vacancia por fallecimiento o renuncia del Encargado Titular, hasta tanto se designe nuevo Encargado mediante el correspondiente concurso. Está claramente probado que en estos casos se mantienen los niveles en la calidad del servicio, no se afectan fuentes de trabajo y tampoco se generan las importantes erogaciones que de otro modo deben afrontar, por un lado el renunciante o sus sucesores y por el otro el nuevo responsable que debe montar una unidad administrativa casi desde cero. 


Por el contrario, la práctica actual consiste en intervenir el Seccional con agentes de la Dirección Nacional que afrontan serios inconvenientes para desarrollar su tarea. En principio, porque su preparación por lo general no está destinada a la gestión, sino a la auditoría. Deben seleccionar sin demasiado tiempo sus colaboradores que por lo general carecen de experiencia. Tienen además enormes dificultades para la gestión ya que no cuentan con autonomía económica para resolver las inversiones necesarias y en todo caso deben afrontarlas con su retribución como empleado. Se crea además una situación laboral de complejas connotaciones, ya que son empleados del Estado pero a su vez empleadores lo que a futuro puede aparejar dificultades aún no conocidas.

 

 

Ha habido también en estos últimos tiempos remociones de Interventores externos sin más motivo que la propia decisión del Director Nacional. Si bien esta facultad aparece en la letra de la norma como absoluta, no es menos cierto que como todo acto administrativo requiere un fundamento y una finalidad. Varias resoluciones judiciales ya lo han puesto de manifiesto. Creemos que es necesario que estas remociones estén fundadas exclusivamente en mal desempeño del cargo o en la mala calidad del servicio prestado. 

 

Vemos también con preocupación las demoras, contadas en años, que se producen para la efectiva designación de quienes han sido propuestos para el cargo luego de realizado el concurso público. Esta situación se agrava con el límite etario impuesto por las normas y que ha obligado a varios funcionarios a recurrir a la vía judicial para obtener satisfacción a sus reclamos. En consecuencia, un  proceso que tiene como deseado colofón la estabilidad en el cargo, tan importante en nuestra tarea, queda sometido a la incertidumbre de un proceso judicial. Sí esta situación es injusta e inconveniente en todos los casos, resulta mucho más gravosa para aquellos casos en que el propuesto está ejerciendo el cargo en calidad de Interventor. Ha hecho las necesarias inversiones en inmuebles, equipamiento y personal que requiere un Registro Seccional, ha prestado un servicio seguramente  eficiente durante años ya que de otra manera hubiera sido removido y ve todo esto en riesgo por haber llegado a determinada edad.

 

 

Por último, queremos señalar especialmente el caso de la reciente designación de Encargado Titular del Registro Belle Ville N° 2 en la Provincia de Córdoba. Allí se realizó el concurso y quien era su Interventor obtuvo el primer puesto en la terna de postulantes. No se encuentra fundamento alguno para alterar el orden establecido por el concurso, máxime si quién está en el primer lugar es además el Interventor a cargo. La designación de Encargados Titulares ha sido desde siempre y es en la actualidad una facultad del Poder Ejecutivo. La Resolución 238/2003, tal como se  expresa en sus considerandos, implementa un sistema de selección por concurso público “… a fin de garantizar mediante una evaluación de los postulantes a cubrir los cargos de Encargados Titulares   el integral, probado y efectivo conocimiento de las tareas propias del cargo...” Es natural entender que cuando el Poder Ejecutivo, en este caso por medio del  Director Nacional , ha elegido a alguien como funcionario a cargo de un  Seccional,  el concurso tiene como fin primordial asegurar que ese funcionario cuenta con “..el integral, probado y efectivo conocimiento de las tareas propias del cargo.” requerido por la norma citada. Tan sólo cuando ese funcionario no acredite tal extremo y por lo tanto no integre la terna, resulta razonable su desplazamiento.

 

Para analizar y comprender en su total dimensión los cuestionamientos puntualizados, debe tenerse en cuenta que el reemplazo del funcionario a cargo no es un mero trámite cuyo resultado es la pérdida del trabajo del desplazado. Esto sólo ya sería motivo suficiente para que la decisión esté firmemente fundada. Pero la situación es mucho más grave. El funcionario ha destinado normalmente muchos años a su preparación. Ha formado un grupo de trabajo al que ha preparado y entrenado. Estos a su vez cuentan con ese trabajo, que muy probablemente perderán. Se ha hecho una gran inversión en el  inmueble y en los muebles y demás elementos para funcionar. Se ha contraído por parte del funcionario-empleador un importante pasivo laboral que se deberá afrontar. Todo esto representa un enorme daño material y personal. Y aún no es todo. Lo más importante Sr. Ministro es que el servicio registral sufrirá un enorme daño en la calidad de su prestación. La comunidad toda pagará el costo que esto representa. Y esta debe ser nuestra  preocupación mayor, la calidad del servicio que prestan los Registros y la seguridad jurídica que ello conlleva.

 

No puede decidirse el reemplazo del funcionario a cargo por otras razones que no sean el mal desempeño. Esto ha sido claramente establecido para los actuales Encargados Titulares en el Decreto que regula nuestra actividad. Y el legislador así lo ha hecho porque ha entendido que garantizar la estabilidad es la mejor herramienta para garantizar la calidad del servicio, fin único y último de nuestra actividad. Someterla a otros intereses, muchas veces circunstanciales, puede inferir un daño irreparable a aquello que hemos construido entre todos, Encargados y funcionarios públicos durante tantos años. 

 

Saludamos a Ud. muy atentamente.


EDUARDO URANGA       ÁLVARO GONZÁLEZ QUINTANA

 

                                Secretario                                   Presidente

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 7 de Agosto de 2017



MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SR. MINISTRO

DR. GERMÁN CARLOS GARAVANO

S/D



Nos dirigimos a Ud. para expresar nuestra preocupación por el funcionamiento de las Plantas de Verificación de todo el país y especialmente por la situación planteada en la Provincia de Buenos Aires con las nuevas exigencias impuestas a los usuarios. 


En nuestra nota del 25 de Abril del corriente año dirigida al Director de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor  ya señalábamos “….Los Delegados  de la AAERPA  que representan  a cada una de sus zonas, provincias o regiones, coinciden en que el servicio que prestan las distintas Plantas de Verificación habilitadas, sean estas emplazadas en las grandes ciudades o en los pueblos más pequeños de cada provincia, y sea que el personal destacado en las mismas lo compongan  las fuerzas policiales provinciales, de la policía Federal , Gendarmería, es sumamente deficiente  y  se traduce en largas esperas, instalaciones vetustas, personal con poca o nula capacitación, sumas de dinero que se abonan  por este servicio y que en cada provincia son  diferentes…”  Hoy se agrega el hecho que en la Provincia de Buenos Aires por medio de las normas establecidas por el Ministerio de Seguridad impone  el Grabado de Autopartes como requisito  indispensable para poder ser verificado y se lo controla al momento de su verificación.

 

 

Entendemos que esta última imposición no está avalada por el Ministerio a su cargo o por la  Dirección Nacional y está fuera del convenio suscripto. No debe olvidarse que la Verificación Física es un elemento  de las normas técnico registrales y que se realiza en los modos y requisitos que establezca la autoridad de aplicación. La Provincia podrá efectuar los controles que entienda pertinentes al momento de realizarse la verificación y en todo caso podrá aplicar las sanciones que sus normas establezcan, pero de ninguna manera puede negar el acto. Esto impide a los usuarios cumplir con sus trámites y en su caso la trasmisión del dominio de los automotores, en clara violación de lo establecido por el artículo 9° del Decreto 6582/58 que establece “…  No podrá restringirse o limitarse la inmediata inscripción del dominio de los automotores o de sus transmisiones, por normas de carácter administrativo ajenas a los aranceles del Registro.”  A esto se suma el hecho que son pocas las plantas que hacen el grabado de las partes lo que implica trasladarse a importantes distancias y las mismas están dando turnos para 30, 50 o 60 días.  Va de suyo que en ese período los usuarios se ven impedidos de realizar sus trámites.

 

 

Entendemos oportuno que la modernización que estamos llevando adelante en diversas áreas de nuestra tarea alcance a la Verificación Física, incluyendo la trasmisión electrónica de los datos, la conformación de una base de datos nacional a ser consultada por los Registros y las fuerzas de seguridad, la posibilidad de verificar la autenticidad mediante códigos de validación y otros adelantos que garanticen los fines para los cuales fue creada.  Mientras esto se concreta, resulta indispensable eliminar todo requisito ajeno a las normas técnico-registrales y permitir a los usuarios ejercer su derecho en tiempo y forma 



 

                              Saludamos a Ud. muy atentamente.


EDUARDO URANGA       ÁLVARO GONZÁLEZ QUINTANA

 

                                Secretario                                   Presidente



Buenos Aires, 21  de junio de 2017.

Dirección Nacional de los Registros Nacionales

de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios

Sr Directo Nacional

Lic. Carlos Gustavo Walter

S_________/___________D

 

De mi consideración:


Me dirijo a Ud., en mi carácter de Presidente de la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (A.A.E.R.P.A.), con el objeto de poner en conocimiento las apreciaciones recibidas por parte de los Encargados e Interventores, en relación a la labor desempeñada por los mandatarios matriculados en esa Dirección Nacional.


Desde la Asociación siempre hemos valorado la función del mandatario, como un actor calificado del sistema. Sin embargo, se advierte que en muchos casos la formación del mismo no ha sido la adecuada y su intervención se transforma en un obstáculo para la tarea registral. Esto se ve plasmado a diario en una inadecuada utilización de la mesa diferenciada, en la permanente búsqueda de asesoramiento por parte de los empleados del Seccional y en un erróneo encuadre de las peticiones y sus requisitos, que en definitiva atentan contra el servicio que deben brindar a sus clientes y lejos de facilitar la tarea del Seccional genera la permanente observación de las peticiones con la consiguiente sobrecarga de trabajo para todos los involucrados.

 

Asimismo, no se advierte en la mayoría de los mandatarios una capacitación o amplio conocimiento en las nuevas modalidades de petición de trámites, extremo que se ve reflejado en la escasa utilización del S.I.T.E. y el sistema de precarga. 

 

Valoramos los nuevos recaudos establecidos por Disposición DN Nº 469/2016 –de fecha 16/11/2016-, que tienen claramente en miras la profesionalización de la actividad del mandatario. Entendemos esta medida como parte de un plan integral que incluye la designación de Encargados por medio de concursos públicos y la capacitación del personal de los Seccionales prevista en la última Resolución de emolumentos. En dicho marco, creemos oportuno incorporar canales de comunicación especiales para que los Registros Seccionales puedan poner  en conocimiento de esa Dirección Nacional los actos de incumplimiento de sus obligaciones por parte de los mandatarios matriculados, en especial aquellas que surgen del D.N.T.R. Título I, Capítulo XII, Sección 3° artículos 10 y 12.

 

Confiamos en que el Sr Director encuadrará la presente no como una crítica a la labor del mandatario, sino por el contrario, valorando su intervención y pidiendo una mayor y actualizada capacitación del mismo. 

 

        Sin otro particular, lo saludo con la mayor consideración.

 

 

 ÁLVARO GONZÁLEZ QUINTANA

Presidente

AAERPA

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 14 de junio de 2017.

 

Dirección Nacional de los Registros Nacionales

de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios

Sr Directo Nacional

Lic. Carlos Gustavo Walter

S_________/___________D

 

De mi consideración:

 

 

Me dirijo a Ud., en mi carácter de Presidente de la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (A.A.E.R.P.A.), en relación a los procesos judiciales promovidos por la Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (A.D.U.C.), contra diversos Seccionales de la Capital Federal.

 

Tal como se le ha informado oportunamente, varios Seccionales de la Capital Federal están siendo demandados por la Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (A.D.U.C.), esgrimiendo la referida entidad que no corresponde el cobro del impuesto de sellos que se percibe, por tratarse el objeto gravado de un contrato de consumo. En tal inteligencia, la actora solicita el cese del cobro, y que se condene a los Seccionales a la devolución de las sumas percibidas desde el año 2009 a la fecha.

 

 

Tenemos relevados veinte (20) procesos judiciales, todos tramitando ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de la Dra. María José Sarmiento. Asimismo, se presume que se incrementarán en breve, abarcando la totalidad de los Seccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de otras jurisdicciones cuyos Encargados actúen como agentes de percepción del referido impuesto.

 

Si bien esa Dirección Nacional ha instruido a los Seccionales demandados para que interpongan como defensa la falta de legitimación pasiva y la ausencia de personería para ser demandados, ha llegado a conocimiento de la Asociación que represento que el Fiscal Federal de la causa dictaminó de manera desfavorable a dicho pedido. Ello, toda vez que considera el Fiscal que esa cuestión debe resolverse no como de previo y especial pronunciamiento, sino en oportunidad de dictar la sentencia definitiva. ADUC ha esgrimido como argumento principal para rechazar la falta de personería justamente el hecho que esa Dirección Nacional no ha llegado al proceso en auxilio de sus Encargados y que, además, no se han acreditado en autos los convenios alegados y tampoco se ha probado que los Encargados se encuentren obligados a percibir el impuesto. 

 

 

De continuar este criterio, se advierte un grave riesgo para el Estado Nacional y para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que podría recaer una sentencia que afecte los Convenios de Complementación de Servicios y los impuestos que se han percibido en el marco de los mismos, sin que haya existido el debido proceso con los organismos estatales, toda vez que la A.D.U.C. aparenta estar utilizando como estrategia sustanciar el asunto únicamente contra los Seccionales.

 

Por lo expuesto, y atento que existen herramientas procesales para que el Estado tome intervención en los referidos procesos judiciales (como por ejemplo, mediante el instituto de la intervención de terceros), entendemos que resulta imperioso que esa Dirección Nacional tome intervención en los procesos mencionados, con el fin de aportar los Convenios que originan nuestras obligaciones  y además, en su carácter de organismo de aplicación y responsable de controlar  el funcionamiento de los Registros, acredite fehacientemente que los Registros Seccionales actuaron en la materia cumpliendo obligaciones impuestas por esa Dirección Nacional.

 

Asimismo entendemos oportuno se  solicite al Gobierno de la Ciudad que, por intermedio de  la AGIP, tome similar postura. Es en definitiva el responsable de la normativa aplicada y el depositario final de los fondos reclamados. No se debe permitir que la actitud abusiva y desviada de ADUC encuentre facilidades por la inacción del Estado. 

 

Confiamos en que el Sr Director comprenderá la urgencia de nuestro pedido y lo saludamos con la mayor consideración.

 

 

ÁLVARO GONZÁLEZ QUINTANA

Presidente

AAERPA

 

 

 

 

Buenos Aires, 25 de abril de 2017


Dirección Nacional de los Registros Nacionales

de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios

Sr Director Nacional

Lic. Carlos Gustavo Walter

S_________/___________D

 

La comisión Directiva de AAERPA ha llevado a cabo su primera reunión del año, donde analizamos la actualidad de la actividad y las cuestiones que, a nuestro entender, merecen una revisión o en su caso alguna corrección. Sin perjuicio de otras cuestiones que surgieron durante la extensa reunión, debemos destacar las siguientes conclusiones:

 

1.El SURA es un sistema razonablemente amigable y comprensible, pero el diseño de sus funciones muchas veces olvida al usuario al que está destinado. De todas maneras, sus mayores fallas consisten en las habituales caídas del sistema o su funcionamiento extremadamente lento. Cada paso que implica una espera de 10, 15 o 30 segundos acumula a lo largo del día una enorme cantidad de tiempo perdido. Estas esperas repercuten directamente en la atención al público, generando demoras que todos los actores del sistema sabemos son un aspecto negativo de nuestro servicio. Cualquier operador habitual de una computadora sabe lo difícil que resulta trabajar en estas condiciones.


2.Mayor gravedad conlleva la situación registrada el pasado 22 de febrero donde durante una jornada completa no hubo servicio informático y, por ende, no hubo servicio registral. El llamado “plan de contingencia” no resulta una herramienta eficaz en estas circunstancias. Entendemos que esto nos debe llevar a reflexionar sobre las reales ventajas de trabajar en línea si las comparamos con las molestias generadas. ¿Cuáles son los beneficios para el sistema registral, para sus usuarios y para la seguridad jurídica? Creemos que muy pocos y poco relevantes comparados con los inconvenientes que esto reporta. Y debe recordarse que estas contingencias no se producen tan sólo con una caída a nivel nacional, sino que pueden afectar a ciudades o zonas determinadas ante fallas en las comunicaciones en la web. Entendemos que resulta mucho más ventajoso que cada Seccional cuente con una base de datos propia y comunique las modificaciones con la frecuencia que se determine necesaria.

 

3.El sistema GERCYDAS, utilizado por los registros de la Provincia de Buenos Aires y C.A.B.A., es obsoleto, oscuro, obliga a cargar la misma información repetidas veces. Suele salir de servicio en reiteradas ocasiones, sus actualizaciones nunca están disponibles antes del horario de atención al público y como principal problema, no admite el uso simultáneo de varios operadores. Todos los usuarios que ingresan trámites son atendidos por varios empleados en el mostrador, cobrados en dos o más cajas pero ellos y los que deben retirar documentación necesariamente deben esperar la liquidación de sus impuestos por un único operador.


Todos los sistemas descriptos, más SUGIT, SUCERP y otros de índole local nos imponen la obligación de cargar varias veces la misma información, en el mismo momento y para el mismo trámite. El tiempo desperdiciado y la multiplicación del margen de error que esto acarrea nos eximen de mayores comentarios.


Todas estas cuestiones planteadas y otras que hacen a la tarea diaria, como el llenado de múltiples S.T y formularios, conspiran contra la mejor atención al usuario. Compartimos el deseo del Señor Director en cuanto a minimizar los tiempos de espera en los Seccionales, pero se debe comprender que muchas veces los esfuerzos personales y de recursos humanos son ineficaces ante las insolubles dificultades que se nos presentan.


4.En orden a agilizar la atención al público, entendemos como sumamente útil contar como herramienta con un “pop up” que avise en SURA que se ha efectuado un SITE pago o que se debe atender un turno. De esta manera se evita la constante consulta al sistema sobre estos ítems. También resulta importante mejorar el sistema de solicitud de turnos y pagos en línea, ya que presenta dificultades que muchas veces hacen desistir de su uso. En esta materia también resulta importante que los trámites por SITE se pidan con un mínimo de 24hs de antelación. Al habilitarse la posibilidad de pedir incluso desde el Seccional impide tener un plazo mínimo y razonable para su control y despacho. 

 

5.Consideramos muy oportuna la norma que autoriza a tener cierto rango de Legajos B fuera del Registro Seccional. Esto permitirá destinar mayor espacio a las distintas áreas del seccional. Por otro lado, los avances en los trámites vía web, turnos, pago por medios electrónicos, digitalización de S.T y otros avances nos hacer replantear el diseño del registro del futuro. En este sentido, entendemos que las inspecciones edilicias deben limitarse al análisis del estado general de las instalaciones sin hacer hincapié en temas como los metros cuadrados dedicados a mesa de entradas o al futuro crecimiento del archivo, ya que los actuales parámetros pueden resultar obsoletos a poco andar.

Como consecuencia de esto, se ha impuesto a diversos seccionales la obligación de mudarse con el consiguiente costo que esto implica, cuando quizás en poco tiempo sus instalaciones resulten aptas. Y en este orden de cosas, creemos necesario revisar la norma que impone como medida mínima para la mesa de entradas 25 m2. El tamaño de la mesa de entradas debe responder a la realidad de cada seccional, ponderando la cantidad de público que habitualmente se atiende y para ello no resulta suficiente contar la cantidad de trámites ingresados o el número de Legajos en el archivo. Tan sólo la observación de varios días de horario de atención al público puede arrojar conclusiones razonables y esa tarea no se puede cumplir con la breve visita de los inspectores edilicios.


6.Es una manifiesta preocupación de toda la Comisión Directiva la situación de los registros intervenidos. Si bien es cierto el avance en los llamados a concurso para cubrir las vacantes, también lo es la falta de titularización de nuestros colegas cuyas propuestas de designación se elevaron oportunamente al Poder Ejecutivo a lo largo de los años y década pasada tanto en automotores cuanto en motovehículos y MAVI. Esta situación del ejercicio de la función sin la herramienta esencial de la estabilidad, nos lleva a instar a las autoridades a arbitrar los medios para lograr la titularización como asimismo tener en especial consideración la condición de Interventor y las obligaciones e inversiones que esto conlleva al momento de efectuar las propuestas de designación de Encargados.


7.Los Delegados  de la AAERPA  que representan  a cada una de sus zonas, provincias o regiones, coinciden en que el servicio que prestan las distintas Plantas de Verificación habilitadas, sean estas emplazadas en las grandes ciudades o en los pueblos más pequeños de cada provincia, y sea que el personal destacado en las mismas lo compongan  las fuerzas policiales provinciales, de la policía Federal , Gendarmería, es sumamente deficiente  y  se traduce en largas esperas, instalaciones vetustas, personal con poca o nula capacitación, sumas de dinero que se abonan  por este servicio y que en cada provincia son  diferentes. Esto provoca un sinnúmero de protestas y quejas en la sede de los Registros por parte de los usuarios, por lo que solicitamos que se adopten las medidas necesarias a fin de revertir esta situación que padecemos quienes desempeñamos nuestra actividad en los Registros y los usuarios, desde hace años.



8.También ha sido motivo de preocupación el modo y monto de las garantías que deben ofrecer los nuevos Encargados.

 

Quienes han sido designados como Encargados Titulares por concurso público, en el marco de la Resolución M.J.S y D.H. Nº 238/2003, se encuentran en la obligación de cumplir anualmente con la constitución de una garantía a favor del Estado Nacional –Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-, destinada a cubrir las eventuales responsabilidades por los daños y perjuicios que pudieran provocar como consecuencia o resultado de su función. En este tópico resulta oportuno destacar ante todo que los Encargados contamos con seguros de responsabilidad civil -inexistentes al momento del dictado de la norma citada- que cubren estos eventos y que históricamente nunca el Estado ha debido responder por reclamos en esta materia, por lo que la garantía parece haber devenido, en principio, innecesaria.

 

 

Además, consideramos que el monto de dicha garantía es excesivo, ya que equivale a cuatro veces el total de la recaudación mensual del Registro. Tomar como referencia la recaudación del Seccional, y no el “total líquido para el Registro” constituye un parámetro ajeno a la realidad económica del fun



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